PROCESO COLECTIVO COMPARADO: CLASS ACTIONS FOR DAMAGES y ACCIÓN COLECTIVA PARA LA TUTELA DE LOS DERECHOS INDIVIDUALES

 

 

 

Artur Torres[1]

 

 

 

 

 

RESUMEN: El presente trabajo tiene por objetivo establecer un paralelo entre la acción brasileira destinada a la tutela colectiva de los derechos individuales y las class actions for damages, previstas por el orden estadounidense, dando énfasis, primeramente a los presupuestos exigidos para el trámite de cada cuál. En un segundo momento se da seguimiento a una reflexión sobre el vínculo que existe entre ambos sistemas, en especial lo referente a la tentativa ya anunciada, de dudosa eficacia, de evitar que las acciones individuales continúen proliferando en forma desmedida.  

 

PALABRAS CLAVE: proceso colectivo; class action; derechos individuales homogéneos.

 

 

 

ABSTRACT: This study aims at drawing a parallel between Brazilian lawsuit intended for collective protection of individual rights and class actions for damages prescribed by the American legal system, emphasizing, at first, the assumptions for the processing of each one of them. Secondly, follows a reflection on the binding legal force of both systems, especially concerning the announced attempt of doubtful effectiveness in order to prevent individual lawsuits excessive proliferation.

 

KEY-WORDS: collective process, class action; homogeneous individual rights

 

 

 

RESUMEN: Introducción. 1. Requisitos genéricos para la certificación de las acciones colectivas (USA/Brasil) 2. A class action for damages y sus requisitos específicos. 3. Reflexiones del juzgamiento colectivo en las pretensiones individuales. Consideraciones y conclusiones.

 

 

 

INTRODUCCIÓN

 

Si bien no se duda de la experiencia estadounidense como centro mundial de desarrollo de las acciones colectivas, nos parece oportuno identificar en que medida se ha reflejado la legislación brasileira para construir su sub-sistema de tutela colectiva de los derechos individuales. Como lo indica el título de este trabajo, la comparación que nos proponemos hacer se desarrolla a partir de limites bien claros: se enfrenta, por la proximidad, las class actions for damages y las acciones colectivas para la tutela de los derechos individuales. El resto escapa del propósito de este trabajo.

 

 

 

 

 

1. REQUISITOS GENÉRICOS PARA LA CERTIFICACIÓN DE LAS ACCIONES COLECTIVAS (EUA/BRASIL) [2]

 

Dentro de las diversas hipótesis de idoneidad de las class actions, y considerando el presente escrito, la previsión constante de la Rule 23 (3)(b) es la que más nos interesa. [3][4][5] Antes de identificar las peculiaridades referente a las denominadas class actions for damages [6], nos parece indispensable trazar un panorama general de los presupuestos exigidos para la certificación de toda y cualquier acción colectiva en el sistema estadounidense una vez que sean diferentes de los requisitos brasileros.

 

Preocupado en “asegurarse que los intereses de los miembros ausentes” del grupo “sean tutelados en forma adecuada”, el reglamento estadounidense adopta como punto de partida (para la certificación de una acción mientras que sea colectiva) la exigencia de que se constate, en forma concreta, el cumplimiento de los cuatro requisitos, a saber: (a) El grupo debe ser lo suficientemente numeroso de manera que imposibilite la formación de litisconsorcio. Rule 23(a)(1); (b) Deben constatarse la existencia de temas - de hecho o de derecho – común a los miembros del grupoRule 23(a)(2); (c) los pedidos o defensas de él o los representante(s) deben traducir interés(es) semejante(s) a los pedidos o defensas de los demás miembros del grupoRule 23 (a)(3) e, (d) que el grupo esté representado en forma adecuada en el juicioRule 23(a)(4). [7] La acción colectiva brasileira     (destinada a la protección de los derechos individuales), por lo menos formalmente se ciñe a exigir que los derechos individuales deriven del origen común. [8]

 

La Regla 23(a)(1) se refiere a la impracticabilidad del litisconsorcio como primer requisito genérico a ser respetado. La expresión puede confundir ignorando el gueto existente entre los sistemas brasilero y estadounidense. Es necesario alertar que no contexto estadounidense, no se confunde impracticabilidad con imposibilidad de litisconsorcio. [9]

 

Hay impracticabilidad de litisconsorcio cuando hay dificultad o inconveniencia de administrar um proceso con la presencia de todos los interesados, (...). Hay todavía impracticabilidad si em la práctica fuera inviable que todos los miembros del grupo se alinearan para proponer un litigio en litisconsorcio. Por ejemplo, puede ser muy difícil o costoso para el representante del grupo identificar, encontrar, contactar, invitar a participar y negociar la responsabilidad de cada uno de los miembros ausentes.[10]  

 

A pesar de que se utilice la doctrina estadounidense sobre la expresión numerosity para aludir al requisito en título, la práctica (praxe) forense ha demostrado que rigorosamente el número de integrantes que pertenecen a determinado grupo no representa el único criterio a ser investigado.   La jurisprudencia opta por ampliar el ámbito de análisis y además de la numerosidad , considera otros elementos suficientemente ejemplificados (1) por la presencia insuficiente de interesados, (2) por el reducido valor de las pretensiones individuales , (3) por la dispersión geográfica de los miembros del grupo, (4) por la inconveniencia de exponer a los interesados, (5) por la ignorancia en relación a la existencia de derechos violados y, por fin, (6) por la conveniencia del trato colectivo del tema en el afán de superar el primer obstáculo impuesto. [11] El derecho brasileiro, al menos expresamente, desconoce una exigencia en ese sentido. [12]

 

El segundo requisito constante de la Rule 23 (a)(2) es, evidentemente, lo que más se parece a la exigencia producida por la normas brasileira: se exige (b) la prueba de existencia de asuntos – de hecho o de derecho – común a los miembros del grupo para que una acción pueda ser calificada como colectiva. [13] El requisito, según pensamos, revela la propia razón de ser de la especie procesal. La acción colectiva (sea de la especie que sea) solamente se justifica frente a asuntos comunes, y las normas brasileras son bien claras en ese sentido. [14]

 

Antes de proseguir, por precaución, subrayamos la siguiente lección: La expresión derechos individuales homogéneos no lleva a revelar la existencia de “un nuevo derecho materia” distinto de los derechos subjetivos considerados individualmente. No se confunde con la idea de un derecho perteneciente a un grupo, diferente de aquel titularizado por sus integrantes. La expresión representa simplemente una etiqueta utilizada para clasificar ciertos derechos individuales que derivan de un mismo fundamento o que tengan entre sí una relación de afinidad por un punto común.[15] Derechos individuales homogéneos son, en sentido estricto, derechos individuales o para quienes así lo prefieran, accidentalmente colectivos que, por la cercanía de su origen y por una serie de cuestiones de orden judicial, justifican una valoración unitaria. El concepto de cuestión común es por lo tanto, inherente a la cosecha procesal colectiva. [16][17]

 

El tercer requisito - Rule 23 (a)(3) – acentúa la distancia entre los sistemas estadounidense y brasileiro. El reglamento extranjero contempla que the claims or fact common of the representative parties are typical of the claims or defenses of the class, lo que significa decir, en síntesis, que las postulaciones o las defensas preparadas por los representantes de la colectividad deben mantener intereses semejantes con las que serían realizadas por los miembros ausentes del grupo estuvieran presentes.    

 

Del término typicality (nomenclatura que se atribuye al requisito constante Rule 23(a)(3)) deriva la noción de que , “además de comprobar la existencia de un asunto n común entre los miembros del grupo, es necesario que el representante tenga los mismos intereses y que tenga sufrido el mismo ilícito que los demás, siendo él mismo uno de los miembros de este grupo”.[18] En ese sentido, salvo raras excepciones, [19][20] es posible afirmar que, salvo raras excepcione, la legitimidad para la presentación de una class action, en especial una for damages, pertenece, como regla a los propios integrantes del grupo y no a determinadas instituciones como previsto en el sistema brasilero.[21][22]

 

O representante do grupo propõe a ação coletiva em nome próprio e em nome de todas as pessoas em situações semelhante (sue on behalf of himself and all others similarly situated). Assim, em uma ação coletiva coexistem dois tipos de pedidos independentes: o pedido individual do representante e o pedido coletivo do grupo. O requisito da tipicidade assegura que o pedido feito em tutela do direito individual do autor seja direcionado a resolver também a questão comum que afeta o grupo. O objetivo é assegurar a consistência entre os interesses do representante e do grupo que ele pretende representar, para que nenhuma pretensão ou interesse de um membro ausente seja negligenciado no processo. Isso acontece quando tanto o representante quanto os membros do grupo devem comprovar os mesmos fatos, utilizando-se das mesmas provas e dos mesmos argumentos jurídicos. Resolvendo a lide individual do representante, resolve-se a lide coletiva do grupo representado e vice-versa. [23]

 

La figura del representante del grupo prevista por el sistema estadounidense escapa a la realidad de las acciones colectivas brasileiras. Por aquí, tal como lo disponen las leyes 8.078/90, 7.347/85 y 12.016/09, se da cobijo la práctica habitual de los países unidos al sistema de civil law, donde se excluye la posibilidad de presentar acciones colectivas por parte de personas físicas. Mientras que el derecho estadounidense exige que el representante de la colectividad pertenezca al grupo representado, el derecho brasilero les niega legitimidad. Entre nosotros solamente los entes ideales tienen derecho a esa prerrogativa. [24]

 

Finalmente, entre los requisitos genéricos previstos en el reglamento estadounidense, la Regla 23 (a)(4) contempla la adequacy of representation o vigorous prosecution test. [25][26] La exigencia, de acuerdo a la doctrina nombrada, mantiene una estricta relación con el principio de due process of law, [27]e debe ser comprendida a partir de dos enfoques diferentes: (a) actuación adecuada del representante del grupo (parte) y (b) actuación adecuada del abogado del grupo. [28]

 

La Rule 23(a)(4) dispone que the representative parties will fairly and adequately protect the interests of the class, es decir, que los representantes protegerán justa y adecuadamente los intereses del grupo. A diferencia del derecho brasileiro, la normativa   estadounidense trabaja con la perspectiva de que uno o más individuos (persona(s) física(s) aparezcan también en la condición de parte procesal.

 

La precaución se justifica. El derecho estadounidense sí prescribe que “ los interesados que no tengan participado del proceso (absent class members) quedarán vinculados a los efectos del pronunciamiento judicial” independientemente del resultado de lo sucedido (procedencia o improcedencia de los pedidos). Nos parece al menos prudente el requisito que está siendo analizado una vez que un único individuo puede representar la causa de toda una comunidad de interesados vinculándolos al resultado del juicio. [29]

 

Sea como sea, en la práctica, las cortes estadounidenses han entendido como más importante que la actuación adecuada del representante del grupo es la actuación profesional del derecho.[30]Es importante comprender la esencia de la previsión.

 

(...) o advogado deve ser competente, ético e capaz de assegurar uma vigorosa defesa de interesses do grupo. Ademais, deve estar disponível para exercer as funções de advogado em uma ação coletiva do porte da que está propondo. O juiz deve considerar inadequado o advogado que demonstra não ter tempo, estrutura material e financeira ou funcionários suficientes para se dedicar satisfatoriamente à missão de conduzir e administrar um litígio complexo.[31]

 

Hay que recordar que con la enmienda del 2003 fueron adicionadas a la Rule 23 las subdivisiones “g” y “h” que tratan, respectivamente sobre “Class Counsel” y “Attorney Fees Award”. [32][33] La previsión contenida en la Regla 23 (a)(4), a partir de entonces, pasó a ser interpretada a ser interpretada a la luz de las secciones antes mencionadas. La realidad americana, en esta oportunidad, escapa a la experiencia nacional.

 

El orden estadounidense le atribuye a court entre otras, la función de nombrar el abogado del grupo, enumerando una serie de situaciones que deben ser considerados para ambos. [34] Le corresponde al juez, por ejemplo, evaluar la experiencia, los recursos financieros y el conocimiento técnico del abogado antes de nombrarlo en el caso concreto. La situación es inimaginable en el contexto brasilero actual.

 

Entre nosotros, desconsiderando las hipótesis en las que las acciones son patrocinadas por la defensa pública, le compete al legitimado contratar y nombrar al profesional que mejor le convenga. Si no existe ningún impedimento para la actuación del profesional escogido no corresponde hablar en hacer una evaluación por parte del juez, sea en referencia a la experiencia , recursos financieros o capacidad técnica del abogado. [35]

 

 

 

2. A CLASS ACTIONS FOR DAMAGES Y SUS REQUISITOS ESPECÍFICOS.

 

 

 

Las class action for damages son acciones colectivas de naturaleza predominantemente indemnizatoria, a pesa de que su empleo no encuentre límite en pretensiones de esa naturaleza. [36][37][38]

 

Este tipo de class action "se orienta especialmente por los principios de acceso a la justicia y economía procesal".[39][40] La Regla 23 (b) (3) requiere, además del adimplemento de los requisitos básicos (los cuatro ya informados) que el caso concreto supere   (a) el predominance test (prueba de predominancia)[41][42] y (b) el superiority test (prueba de superioridad). [43]

 

Se admite la certificación de una class action for damages "si el tribunal decide que las cuestiones de hecho o de derecho, común a los componentes de la clase predominan en relación a las relativas a los miembros individuales", sin perjuicio de que se muestre la utilización de la técnica de juicio colectivo como “superior a los demás métodos disponibles” para la justa y eficiente composición de la controversia. [44]

 

La predominancia se considera un plus para la mera existencia de problemas comunes. Para que sea constatada es necesario que los temas comunes constituyan una "parte significativa de los conflictos individuales", no siendo suficiente por lo tanto, la mera existencia de problemas relacionados. Para la certificación de una class action for damages es necesario que esos temas predominen sobre las cuestiones individuales, ocupando el núcleo del debate jurídico.

 

Como el derecho estadounidense revela una nota de intercambiabilidad de las class actions en relación a las acciones individuales, se toma la precaución de exigir, para su certificación, que ella represente el instrumento procesal más eficaz para la realización del derecho. La preocupación con los miembros ausentes del grupo, inclusive en esta oportunidad, ocupa una relación normativa.

 

A ação coletiva é um instrumento traumático: é um procedimento caro, demorado e desgastante tanto para as partes, quanto para o Judiciário. Além disso, decide-se com imutabilidade de coisa julgada o direito de pessoas que não terão a oportunidade de serem ouvidas diretamente em juízo. Se há formas de tutela dos interesses do grupo que sejam mais eficazes ou mais econômicas, não há outro motivo para que se recorra à ação coletiva. (grifos nossos) [45]

 

Las class actions for damages no se justifican por la indivisibilidad del derecho material puesto a prueba, representando de esta forma, una tentativa de cuidar la cuota jurisdiccional, evitando que se repitan contiendas prácticamente idénticas.   Entre los demás objetivos, no se puede negar, por ejemplo, que el trato colectivo de las posiciones jurídicas individuales tiene como objetivo mantener la unidad de convicción em el afán de evitar la pronunciación de decisiones jurídicas distintas que traten sobre asuntos similares y se contrapongan desestabilizando el sistema jurídico como un todo y por consecuencia llevando inseguridad a la jurisdicción. De acuerdo a lo señalado em las Advisory Committee Notes, “la subdivisión (b)(3) de la Regla 23 engloba casos en los cuales la acción de clase permite una economía de tiempo, esfuerzos, y gastos promoviendo una uniformidad de decisión para las personas que están en una situación similar. [46] Atento a estos objetivos, el reglamento estadounidense exige la superioridad del trámite colectivo en relación al individual bajo pena de no certificar la acción propuesta. [47] El derecho brasilero, al menos expresamente, no exige más que la existencia de asuntos comunes. [48] La acción colectiva aparece como un plus en relación a la tutela individual, requisito que en este sentido sería mostrar un uso sencillo.

 

Al comparar reglamentos, es indispensable destacar que mientras que el sistema brasileiro funciona, a priori, en una perspectiva unitaria (por lo menos en lo que tiene que ver con los objetivos de la tutela colectiva de los derechos individuales) el sistema estadounidense conoce dos especies distintas de acciones: (1) as small claims class action y (2) las mass torts class action.

 

La primera tiene por objetivo castigar al infractor (deterrence) y no la indemnización de las víctimas. [49][50] En Brasil, esta función (pedagógica/punitiva) fue atribuida a órganos que no pertenecen al Poder Judicial. Un ejemplo ilustrativo es la capacidad atribuida a los PROCONs (portal del consumidor) para multar a empresarios que no respeten las constantes determinaciones del diploma consumista durante sus actividades diárias. Exeecução coletiva subsidiária contemplada en el artículo 100 del Código al Consumidor (CDC) es el expediente que más se parece al esbozo trazado por las denominadas small claims class action. [51]

 

La segunda, por su vez, “busca la indemnización colectiva de los ilícitos civiles cometidos en gran escala”, pero se parece a la acción colectiva pensada por el sistema brasilero. [52][53] Tal como lo indica el artículo 91 de la Ley 8.078/90, “Los legitimados a los cuales se refiere el art. 82 pueden proponer, en nombre proprio y en el interés de las víctimas o sus sucesores, una acción colectiva de responsabilidad civil por los daños sufridos individualmente”, de manera de revelar el carácter preponderante de la acción.   La previsión legal es bien clara y a pesar de las afirmaciones doctrinarias fue pensada, en su momento, a partir de un enfoque indemnizatorio, motivo por el cuál [54], al menos textualmente, tiene una “estructura diseñada para la actuación posteriori, de manera de compensar un daño que ya fue causado al consumidor.”. [55][56][57]

 

Si, y solo si, estando presentes todos los requisitos básicos y superadas las pruebas de superioridad y predominio es que se certificará, en el sistema estadounidense una class action for damages. [58] En Brasil, basta comprobar el origen común y la iniciativa de uno de los legitimados para que se inicie la acción colectiva.

 

 

 

3. REFLEXIONES DEL JUZGADO COLECTIVO EN LAS PRETENSIONES INDIVIDUALES.

 

El tratamiento del tema parte de la comprensión de los distintos sistemas de incidencia del asunto juzgado vigente en los sistemas comparados. [59]

 

En Brasil, el artículo 103, III, del CDC denuncia tener al legislador de haber optado por el régimen secundum eventum litis. Se trata, en definitiva, de una sistematización que le permite a los integrantes del grupo aprovechar el contenido del pronunciamiento judicial colectivo en los casos donde proceda la acción, vinculando o demandando los efectos positivos y negativos del asunto juzgado. [60]

 

Si la acción colectiva es juzgada como improcedente, no existiendo intervención formal en lo hecho por parte de los interesados individualmente considerados, nada impide que, uno a uno, propongan acciones individuales para rediscutir la causa. [61][62][63] La previsión contenida en la parte final del artículo 104 del CDC, merece destaque por lo oportuna. [64]

 

El texto considera situaciones puntuales en las que algunos de los integrantes del grupo, antes de la llevar a cabo la propuesta de acción colectiva, hayan promovido la acción individual, colocando su situación personal sujeta a un análisis judiciario. En esos casos, el sistema brasileiro le ofrece al litigante individual dos opciones. Una vez informado de la existencia de un pleito colectivo el podrá (a) solicitar la suspensión del proceso singular para beneficiarse del contenido de la sentencia en caso que proceda o (b) simplemente ignorarlo, continuando con su peregrinación individual. Escogiendo la última, no aprovechará formalmente cualquier beneficio que deriven de la sentencia genérica.[65] En caso que opte por la suspensión, si la acción colectiva es juzgada como improcedente podrá retomar su marcha solitaria, si así lo desea.  

 

Delante de ese escenario, destacamos como evidente la característica complementaria del sistema brasilero de tutela colectiva de los derechos individuales en relación al sistema de tutela individual, ya que admite, mismo después del juzgamiento improcedente de la acción colectiva, que el reo continúe a ser demandado en forma individual.   Entre nosotros, la evidencia, los individuos (inertes) corren el riesgo de valerse de la sentencia de procedencia sin que puedan ser alcanzados por las reglas de la improcedencia.   Esa situación, como lo indica la historia, motivo las reivindicaciones que culminaron en la reforma que tuvo el sistema estadounidense en 1966. [66]

 

El derecho estadounidense actualmente (léase en el ámbito de las class action for damages) opera por vía opuesta.

 

Nas class actions for damages, uma vez aceita a ação coletiva pelo juiz, os possíveis titulares dos direitos subjetivos individuais são dela notificados da maneira mais eficaz permitida pelas circunstâncias do caso. Feito isso, vigora o critério opt out, a saber: ‘Os que deixam de optar pela exclusão serão automaticamente abrangidos pela coisa julgada, sem necessidade de anuência expressa’. [67][68]

 

 

 

Desde esa fecha hasta hoy el reglamento estadounidense, sujeto al ejercicio de la acción de exclusión, extiende los efectos de la sentencia y la autoridad del asunto juzgado a todos (los representados) independientemente del “resultado” del juzgamiento.

 

Considerando los conceptos mencionados arriba, nos parece obvio que los sistemas comparados, también en este caso particular, trabajan en perspectiva diversa. Mientras que el sistema estadounidense, a pesar del resultado de la decisión, pugna por la autoridad del juzgado colectivo como regla, el sistema brasileiro al menos en lo que respeta a la posición, camina en sentido opuesto. Por definición, va a haber una superioridad real de la decisión proferida en la acción colectiva solamente cuando sean juzgados como procedentes los pedidos formulados en ella. En este aspecto, como lo afirmamos, el sistema brasileiro no se puede leer como algo más que un mero plus en relación al sistema de tutela individual.

 

Lo que nos sorprende, a pesar de todo, es constatar algo diferente.

 

Ninguno de los sistemas, por su propia fuerzas se muestra capaz de impedir que las demandas individuales (hablando de asuntos idénticos) continúen a seguir proliferando.   En ambos, la decisión de vincularse (o no) con el juzgado colectivo es siempre del próprio individuo.

 

El sistema estadounidense, a pesar de que posterior a la reforma de 1966 tenga solucionado algunos puntos, le permite al jurisciccionado, por las razones ya mencionadas, valerse de la válvula de escape llamada opt-out. Entre nosotros, como hemos visto, las posibilidades son aún mayores.

 

Atentos a la ineficiencia de la legislación brasileira, al menos en este tema, los tribunales superiores en actividad contra legem, han determinado en algunos casos la suspensión del procesamiento individual. La determinación alcanza a veces hechos que ni siquiera fueron intentados. [69]

 

Correcto o errado, eficiente o ineficiente, racional o irracional, no hay como negar, delante de los sistemas jurídicos vigentes (Brasil/EUA), la autonomía de cada uno de los jurisdiccionados, hasta hoy está limpia. Se trata, nos guste o no, de sistemas que son rehenes del individualismo, ya que sin el visto bueno de cada uno son incapaces de producir cualquier clase de efectos colectivos.   Mantenerlos representa la opción más adecuada?

 

 

 

CONSIDERACIONES FINALES

 

El presente estúdio nos permite concluir objetivamente que:

 

a) A pesar que el sistema estadounidense haya orientado, al menos em tesis, la creación de un sistema brasileiro de tutela colectiva de los derechos individuales, ambas funcionan hoy día con una perspectiva contraria;

 

b) Los presupuestos para tramitar una acción colectiva difieren considerablemente en ambos sistemas.

 

c) Además del cumplimiento de los requisitos básicos para la certificación de cualquier acción de clase, el sistema estadounidense exige, para la certificación de una class action for damages, que sean superadas las pruebas de predominio y superioridad. entre nosotros, el requisito solitario se aplica al origen del derecho común;

 

d) Aunque anhelan el colectivismo procesal, ambos sistemas se muestran rehenes del individualismo y se muestran no aptos como regla, para impedir que proliferen los conflictos individuales.

 

 

 

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[1] Profesor de Derecho Procesal Civil de la PUCRS; abogado.

[2] En cuanto a la evolución histórica de la protección colectiva de los derechos individuales: TORRES, Artur. A Tutela Coletiva dos Direitos Individuais. Porto Alegre: Arana, 2013. passim; TORRES, Artur. Histórico. In: TESHEINER, José Maria (org) et all. Processos Coletivos. Porto Alegre: HS editora, 2012. p. 43/64; TORRES, Artur. Anotações a respeito do desenvolvimento histórico das ações coletivas. Revista Brasileira de Direito Processual Civil – RBDPro, Belo Horizonte, ano 18, n. 69, p. 37-63, jan./mar. 2010; YEAZEL, Stephen C. From medieval group litigation to the modern class action. New Haven: Yale University Press, 1987; PETERS, Edwards. The American Journal of Legal History, v. XXXIV, 1990. PASSOS, Juliano da Rosa. As Principais Características da Ação Coletiva na Tutela dos Direitos Individuais Homogêneos – Ênfase na Coisa Julgada. Disponible en: www.tex.pro.br. Consultado en: 01/06/2012.

[3] “(b) Class Actions Maintainable. An action may be maintained as a class action if the prerequisites of subdivision (a) are satisfied, and in addition: (…) (3) the court finds that the questions of law or fact common to the members of the class predominate over any questions affecting only individual members, and that a class action is superior to other available methods for the fair and efficient adjudication of the controversy (…).En traducción libre: (b) el tribunal considera que las cuestiones de hecho o de derecho comunes a los miembros predominan sobre cualquier cuestión individual y que la acción colectiva es superior a otros métodos disponibles para el juicio justo y eficiente de la controversia.

[4] “A class action prevista na Rule 23 (b)(3) é uma ação coletiva de natureza predominantemente indenizatória, fonte inspiradora das nossas ações coletivas em defesa de interesses individuais homogêneos. (...) As ações coletivas em defesa de direitos individuais homogêneos são comparáveis as class actions for damages porque em ambas a única relação que há entre os membros do grupo é a existência de uma questão comum.” (grifos nossos) GIDI, Antonio. A class action como instrumento de tutela coletiva de direitos. p. 161.

[5] “Há que se registrar, ainda, que, dentro da estrutura federativa norte-americana, os Estados-Membros possuem competência para legislar sobre direito processual no âmbito da Justiça Estadual. A maioria, entretanto, segue, em termos de ações de classe, o padrão estabelecido na norma federal, sendo, portanto, o seu estudo de certa forma suficiente para a compreensão do quadro nacional.” MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. Ações Coletivas no Direito Comparado e Nacional. p. 73.

[6] “Muito embora a palavra damage (no singular ou no plural) signifique ‘dano’ ou ‘prejuízo’, a palavra damages (no plural) assume significado técnico-jurídico diverso. Damages é a indenização devida em face do dano causado. Assim, class action for damages (ou damage class action) é expressão que deve ser traduzida como ‘ação coletiva indenizatória’.” GIDI, Antonio. A class action como instrumento de tutela coletiva de direitos. p. 161, nota 87.

[7] “A ação é admissível, como class action, quando: a) o número de componentes da class é tão elevado que não permitiria a intervenção em juízo de todos os seus membros; b) existe questão de fato e de direito comum a toda a class; c) as demandas e execuções das partes correspondem às questões toda a class poderia propor; d) as partes representam de forma correta e adequada os interesses da class.” GRINOVER, Ada Pellegrini . O novo Processo do Consumidor. In: Revista de Processo. São Paulo: RT, 1991, v. 62. p. 151.

[8] Vide artigo 81, parágrafo único, inciso III da Lei 8.078-90.

[9] GIDI, Antonio. A class action como instrumento de tutela coletiva de direitos. p. 72.

[10] GIDI, Antonio. A class action como instrumento de tutela coletiva de direitos. p. 73.

[11]The court should examine not only the precise numbers of claims involved, but focus on the question of whether joinder is practicable in light of the class size and other relevant factors. Relevant factors include the number of claims and the degree of dispersion of class members. The number of claims required "is a subjective determination based on number, expediency and inconvenience of trying individual suits."  [Pabon v. McIntosh, 546 F.Supp. 1328, 1333 (E.D. Pa. 1982)].” Timothy E. Eble. South Carolina Class Action Litigation: A Review. Disponível em: http://www.classactionlitigation.com/library/sclaw.html. Consultado em: 10/05/2012.

[12] “Com efeito, no direito processual coletivo brasileiro, nenhum desses três requisitos é previsto pela lei: a adequação do representante diz-se presumida e não se avalia a numerosidade do grupo ou a impraticabilidade do litisconsórcio.” GIDI, Antonio. A class action como instrumento de tutela coletiva de direitos. p. 80.

[13] “Rule 23(a)(2) requires "questions of law or fact common to the class." The "common question" provision in federal court has been given a liberal construction requiring only that "one or more significant common questions of law or fact" be shared by the class.” South Carolina courts have recognized that a single question of law or fact of sufficient importance in proportion to the rest of the action justifies class action disposition. [McGann v. Mungo,340 S.E.2d at 158.]” Timothy E. Eble. South Carolina Class Action Litigation: A Review. Disponible en: http://www.classactionlitigation.com/library/sclaw.html. Consultado en: 10/05/2012.

[14] Vide artigo 81, parágrafo único, III, da Lei 8.078-90.

[15] “Não se trata, já se viu, de um novo direito matéria, mas simplesmente de uma nova expressão para classificar certos direitos subjetivos individuais, aqueles mesmo aos quais se refere o CPC no art. 46, ou seja, direitos que ‘derivarem do mesmo fundamento de fato ou de direito’ (inciso II) ou que tenham, entre si, relação de afinidade ‘por um ponto comum de fato ou de direito’(inciso IV).” ZAVASCKI, Teori Albino. Processo Coletivo. p. 166.

[16] “A questão comum, a unir as pessoas em um grupo uniforme, pode não ser a pretensão dos autores, mas a defesa do réu.”. GIDI, Antonio. A class action como instrumento de tutela coletiva de direitos. p. 83.

[17] “O núcleo de homogeneidade dos direitos individuais decorre, exatamente, da circunstância de serem direitos de origem comum.” ZAVASCKI, Teori Albino. Processo Coletivo. p. 167.

[18] GIDI, Antonio. A class action como instrumento de tutela coletiva de direitos. p. 88.

[19] O “Estado” tem legitimidade para propor ação coletiva somente excepcionalmente. Inexiste previsão legal. Neste sentido: GIDI, Antonio. A class action como instrumento de tutela coletiva de direitos. p. 124-126.

[20] Las asociaciones cívicas, aunque ninguna estimación sobre la Regla 23, se han considerado legítimo proponer jurisprudencialmente acciones civiles en nombre de sus afiliados. En tales casos, vai dispensado el requisito de tipicidad. “Segundo a jurisprudência majoritária, todavia, essa regra é válida apenas para a tutela de pretensões de natureza ‘equitativa’ (equitable relief), a saber, pretensões de natureza declaratória ou mandamental (declaratory ou injunctive relief). Uma associação não pode propor ação coletiva de natureza indenizatória, se ela mesma não puder alegar prejuízo pecuniário próprio com a conduta ilícita do réu, sendo ela mesma um membro do grupo lesado.” GIDI, Antonio. A class action como instrumento de tutela coletiva de direitos. p. 127.

[21] “No sistema do Direito Norte-americano, qualquer do grupo pode ser, em regra, o representante dos demais (representação adequada), enquanto que no Direito Brasileiro, os legitimados são taxativamente indicados por lei (artigos 5º da Lei da Ação Civil Pública e artigo 82 do Código de Defesa do Consumidor.” LEYSER, Maria Fátima Vaquero Ramalho. Ações Coletivas e Direitos Difusos. Campinas: Aptas Edições, 2004. p. 99.

[22] “Nos modelos baseados no direito anglo-americano, o autor coletivo é, em geral, um indivíduo que teve direito pessoal lesado e requer ao tribunal uma autorização (certification) de que a ação individual dele seja processada como coletiva (...)” LEAL, Márcio Flávio Mafra. Ações Coletivas: história, teoría e prática. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1998. p. 133.

[23] GIDI, Antonio. A class action como instrumento de tutela coletiva de direitos. p. 89.

[24] “(...) segundo os valores individualísticos da cultura americana, não pode haver adequada representação se não houver tipicidade da lide do representante.” GIDI, Antonio. A class action como instrumento de tutela coletiva de direitos. p. 136.

[25] “(4) the representative parties will fairly and adequately protect the interests of the class.” En traducción libre: (4) representantes manera justa y adecuada protección de los intereses del grupo.

[26] “A um só tempo minimiza-se o risco de colusão, incentiva-se uma conduta vigorosa do representante e do advogado do grupo e assegura-se que sejam trazidos para o processo todos os reais interesses dos membros ausentes. O objetivo, em última análise, é assegurar, tanto quanto possível, que o resultado obtido com a tutela coletiva não seja diverso daquele que seria obtido se os membros estivessem defendendo pessoalmente seus interesses.” GIDI, Antonio. A class action como instrumento de tutela coletiva de direitos. p. 100.

[27] “O requisito encontra-se lastreado no princípio constitucional do devido processo legal. Mas, no caso das class actions, possui importância fundamental, pois o Processo Coletivo ensejará a possibilidade de direitos e interesses individuais serem defendidos em juízo por outros titulares, sem que poderes específicos para tanto tenham sido, a priori, conferidos voluntariamente mediante o respectivo contrato de mandato ou outro tipo de autorização.” MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. Ações Coletivas no Direito Comparado e Nacional. São Paulo: RT, 2002. p. 80.

[28]The adequacy of representation requirement of Rule 23(a)(4) is satisfied if the class representatives have no interests that are antagonistic to the absent class members, and counsel representing the class is qualified, experienced, and capable of litigating the case competently. [See Waller v. Seabrook Island Property Owners Assoc., 388 S.E.2d at 801.]. Adequacy of class representation also concerns the ability of the named plaintiff or his counsel to advance the costs and expenses of the litigation. In states where attorneys cannot ethically permit the recovery of expenses on a contingency basis, defense counsel may attempt to challenge the adequacy of the class representative on the basis of the representative’s financial condition.  However, if counsel has agreed to advance the costs of the litigation, it would appear that the financial aspect of adequacy has been met.” Timothy E. Eble. South Carolina Class Action Litigation: A Review. Disponible en: http://www.classactionlitigation.com/library/sclaw.html. Consultado en: 10/05/2012.

[29] MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. Ações Coletivas no Direito Comparado e Nacional. São Paulo: RT, 2002. p. 80.

[30] “A verificação da adequação do advogado é um fator importante na avaliação do requisito, sendo esse, na prática o aspecto principal na aferição da presença do requisito.” GIDI, Antonio. A class action como instrumento de tutela coletiva de direitos. p. 110.

[31] GIDI, Antonio. A class action como instrumento de tutela coletiva de direitos. p. 111.

[32] "(G) Grupo Asesor. (1) Designación de abogado del grupo. (A) Salvo disposición en contrario, el juez certifica que el grupo había designado abogado del grupo. (B) Un abogado designado para servir como abogado del grupo debería representar los intereses del grupo de manera justa y adecuada (C) en la designación de abogado del grupo, el juez (i) debe tener en cuenta:. • El trabajo del abogado realizado en la identificación o la investigación de las posibles reclamaciones en el proceso, • la experiencia del abogado en el manejo de las acciones de clase, otros procesos complejos, y los tipos de reclamos alegados en el proceso; • Conocimiento del abogado de la ley aplicable, y • los recursos que proporcionan el abogado que representa al grupo, (ii) podrá examinar cualquier otro asunto pertinente a capacidad del abogado para representar de manera justa y adecuadamente los intereses del grupo, (iii) los solicitantes pueden pedir el grupo abogado para proporcionar información sobre cualquier tema pertinente a la cita y una propuesta de honorarios y gastos legales, y (iv) podrá hacer otros pedidos relacionados a la cita. (2) Procedimiento de nombramiento (A) El juez puede nombrar un abogado interino para representar al grupo antes de certificar la demanda colectiva. (B) Cuando un candidato para el cargo de abogado del grupo, el juez puede nombrar sólo si es apropiado, de conformidad con la Regla 23 (g) (l) (B) y (C). Si hay más de una nominación de candidatos adecuados como abogado pide al grupo, el tribunal debe nombrar al candidato que mejor pueden representar intereses de grupo. (C) El orden nombrando abogados para que el grupo puede incluir decisiones sobre los honorarios de abogados y costas, de conformidad con el artículo 23 (h)."

[33] "(H) Honorarios Legales En una acción certificado como un colectivo, el juez puede asignar los honorarios de abogados y gastos autorizados por la ley o por acuerdo de las partes, de conformidad con lo siguiente:. (1) Aplicación de los honorarios del abogado A solicitud de los honorarios del abogado y los gastos se realizarán de conformidad con el Artículo 54 (d) (2) en el período determinado por el tribunal y con sujeción a las disposiciones de esta subdivisión. Estas solicitudes deben ser entregadas a todas las partes y pide al grupo abogado se dirigirá a los miembros del grupo de una manera razonable. (2) las objeciones a la aplicación. un miembro del grupo, o parte de la cual se solicita el pago, podrán presentar objeciones a la solicitud. (3) La audición y decisión. Juez puede promover una audiencia y justificar su decisión las cuestiones de hecho y de derecho relativos a la solicitud mencionada Regla 52 (a) (4). juez Delegación Auxiliar Judicial o juez de Instrucción. podrá delegar las cuestiones relacionadas con el cálculo de un maestro especial o un juez de primera instancia, el acuerdo a lo dispuesto en la Regla 54 (d) (2) (D)."

[34] Rule 23 (g)(C).

[35] Para una visión general de la acción colectiva brasileña: TORRES, Artur. A Tutela Coletiva dos Direitos Individuais. Porto Alegre: Arana, 2013; TORRES, Artur. PRADO, Larissa Pilar; MADEIRA, Marcus Vinícius; SCALZILLI, Roberta. Ações coletivas ou Ações relativas a Direitos Individuais Homogêneos. In: TESHEINER, José Maria (org) et all. Processos Coletivos. Porto Alegre: HS editora, 2012. p. 142/176; PASSOS, Juliano da Rosa. As Principais Características da Ação Coletiva na Tutela dos Direitos Individuais Homogêneos – Ênfase na Coisa Julgada. Disponible en: www.tex.pro.br. Consultado en: 01/06/2012.

[36] GIDI, Antonio. A class action como instrumento de tutela coletiva de direitos. p. 160-161.

[37] “Essa subcategoria é disponível para as classes que desejam pedidos condenatórios por danos materiais individualmente sofridos com tratamento coletivo, pedidos estes fundamentados em responsabilidade civil.” LEAL, Márcio Flávio Mafra. Ações Coletivas: história, teoría e prática. p. 159.

[38] “A única diferença entre as subseções (b)(2) e (b)(3) é a natureza do provimento jurisdicional requerido. Se o representante da classe limita o pedido a um injunctive relief (pedido mandamental ou condenatório em fazer ou não fazer), a congruência dos interesses isoladamente qualifica a classe a classe e o representante. Se a pretensão for ressarcimento de danos, entretanto, o tribunal necessita não somente certificar a congruência dos interesses, como também tem de determinar a notificação a todos os membros das classe, dando-lhes oportunidade de deixar a classe já identificada (na certification) pelo tribunal. A regra da ação coletiva é, pois, de uma ação de avaliação de interesse do tipo burkeana, no primeiro caso, e no segundo, do tipo consensual.” LEAL, Márcio Flávio Mafra. Ações Coletivas: história, teoría e prática. p. 162.

[39] MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. Ações Coletivas no Direito Comparado e Nacional. p. 91.

[40] “A tutela coletiva nesses casos não é imposta pela indivisibilidade da situação conflituosa, nem pela necessidade de dar uma solução uniforme à controvérsia, como em alguns casos anteriormente analisados, mas pela mera possibilidade e conveniência desta tutela.” GIDI, Antonio. A class action como instrumento de tutela coletiva de direitos. p. 162.

[41] MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. Ações Coletivas no Direito Comparado e Nacional. p. 91.

[42] “A tutela coletiva nesses casos não é imposta pela indivisibilidade da situação conflituosa, nem pela necessidade de dar uma solução uniforme à controvérsia, como em alguns casos anteriormente analisados, mas pela mera possibilidade e conveniência desta tutela.” GIDI, Antonio. A class action como instrumento de tutela coletiva de direitos. p. 162.

[43] MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. Ações Coletivas no Direito Comparado e Nacional. p. 91.

[44] “(...) a viabilidade da presente class action estará, básica e inicialmente, calcada sobre o binômio da ‘predominância’, ou ‘prevalência’, das questões comuns sobre as individuais, e da ‘superioridade’ da ação coletiva em relação às demais possibilidades processuais.”. MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. Ações Coletivas no Direito Comparado e Nacional. p. 90-91.

[45] GIDI, Antonio. A class action como instrumento de tutela coletiva de direitos. p. 170.

[46] MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. Ações Coletivas no Direito Comparado e Nacional. p. 91.

[47] “A aferição da superioridade é realizada sob o método comparativo, devendo o intérprete, por conseguinte, verificar a existência de outros procedimentos adequados no sistema processual norte-americano, bem como se seriam mais ou menos vantajosos para o caso concreto.” MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. Ações Coletivas no Direito Comparado e Nacional. p. 91-92.

[48] Entendiendo que la patria potestad, entre líneas, lleva los mismos requisitos de ley de EE.UU., Aluisio Gonçalves de Castro Mendes afirma que “a proteção coletiva de direitos individuais deve obedecer, no entanto, aos requisitos da prevalência das questões de direito e de fato comuns sobre as questões de direito ou de fato individuais e da superioridade da tutela coletiva sobre a individual, em termos de justiça e eficácia da sentença.” MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. Ações Coletivas no Direito Comparado e Nacional. p. 221. En el mismo sentido: GRINOVER, Ada Pellegrini. Da class action for damage à ação de classe brasileira: os requisitos de admissibilidade. In: Ação Civil Pública: Lei 7.347-1985 – 15 anos. (Coord. Édis Milaré). São Paulo: RJ, 2001. p. 24.

[49] “Deterrence – Deterrência, dissuação. É o desencorajamento da prática de condutas ilícitas e encorajamento do cumprimento voluntário da lei.” GIDI, Antonio. A class action como instrumento de tutela coletiva de direitos. p. 471.

[50] “(...) uma ação coletiva de teor publicístico, cujo objetivo principal é punir o infrator e obter deterrence, e não necessariamente indenizar as vítimas.” GIDI, Antonio. A class action como instrumento de tutela coletiva de direitos. p. 165.

[51]Decorrido o prazo de um ano sem habilitação de interessados em número compatível com a gravidade do dano, poderão os legitimados do art. 82 promover a liquidação e execução da indenização devida.” Artigo 100 da Lei 8.078/90.

[52] “Mass tort class action – Ação coletiva proposta para solucionar um caso de responsabilidade civil em larga escala.” GIDI, Antonio. A class action como instrumento de tutela coletiva de direitos. p. 476.

[53] GIDI, Antonio. A class action como instrumento de tutela coletiva de direitos. p. 165.

[54] Segundo Zavascki, “Qualquer que seja a linha doutrinária que se adote, não há como ver preenchidos, na sentença genérica proferida em ação coletiva, os requisitos configuradores de uma típica sentença condenatória. Ela, por si só, não é título executivo, não declara nem constitui sanção pelo descumprimento da norma nem desencadeia as forças coativas da execução forçada.” ZAVASCKI, Teori Albino. Processo Coletivo. p. 179-180.

[55] ARENHART, Sérgio Cruz. A tutela de direitos individuais homogêneos e as demandas ressarcitórias em pecúnia. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro; WATANABE, Kazuo. Direito Processual Coletivo e o anteprojeto de Código de Processos Coletivos. p. 218.

[56] “O exame singelo do art. 95 da lei em questão – que se refere a esta ação civil coletiva – não deixa dúvida de que o objetivo desta ação é, tão somente, oferecer uma sentença de condenação genérica, em que deve, exclusivamente, fixar a ‘responsabilidade do réu pelos danos causados’.” ARENHART, Sérgio Cruz. A tutela de direitos individuais homogêneos e as demandas ressarcitórias em pecúnia. In: GRINOVER, Ada Pellegrini. MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. WATANABE, Kazuo. Direito Processual Coletivo e o anteprojeto de Código de Processos Coletivos. p. 218.

[57] Aunque parte de la doctrina refutar el carácter irrefutable de la acción colectiva previstos para la protección de los derechos individuales homogéneos, la disposición legal establece expresamente que "en caso de procedencia de la demanda, la condena será genérica, fijando la responsabilidad del demandado por daños y perjuicios causado".

[58] “Para que a ação seja cabível na forma coletiva, é necessário que a situação do caso concreto permita a decisão unitária da lide.” GIDI, Antonio. A class action como instrumento de tutela coletiva de direitos. p.79.

[59] No parece demasiado recordar que el corte realizado en el presente estudio se limita a la comparación de la acción colectiva para la protección de los derechos individuales y la acción colectiva por daños y perjuicios.    

[60] Segundo Alexandre Fernandes Gastal a discussão a respeito da(s) função(ões) concernentes ao instituto da res iudicata surge como objeto de debate em estudos realizados pelas ditas “escolas romanísticas dos Oitocentos”, tema que, superficialmente superado à época, acomodou-se, tornando à baila recentemente por força de uma extremada teoria processual da coisa julgada (GASTAL, Alexandre Fernandes. “A coisa julgada: sua Natureza e suas Funções”. In: OLIVEIRA, Carlos Alberto Álvaro de. Eficácia e coisa julgada. Rio de Janeiro: Forense, 2006. p.196). O aprofundamento dos estudos pertinentes ao instituto, despertou em doutrina questionamentos a respeito da(s) função(ões) exercida(s) pela coisa julgada. Inauguralmente, o debate postou-se da seguinte forma: (...) tratava-se ela de uma preclusão de qualquer novo julgamento sobre lide já decidida ou de uma imposição, a qualquer futuro juiz que fosse chamado a pronunciar-se sobre a lide, no sentido de pronunciar-se de modo conforme o julgado? A respeito algumas correntes floresceram. Houve quem reconhece no instituto apenas uma função positiva; quem reconhece função meramente negativa; e, por fim, corrente que optou pelo reconhecimento da teoria da dupla função. A ideia de função positiva oriunda do instituto da res iudicata traduz-se, em suma, pela noção de vinculação de juízos de mérito posteriores, que de alguma forma possuam relação com o caso julgado, ao que efetivamente restou decidido em lide anterior. Segundo Talamini, o decisium sobre o qual incidir a res iudicata “terá de ser obrigatoriamente seguido por qualquer juiz ao julgar outro processo, entre as partes, cujo resultado dependa logicamente da solução a que se chegou no processo em que já houve coisa julgada material” (TALAMINI, Eduardo. Coisa julgada e sua revisão. p.130). De outra banda, Ovídio Baptista da Silva afirma que o efeito positivo “corresponde à utilização da coisa julgada propriamente em seu conteúdo, tornando-o imperativo para o segundo julgamento” (SILVA, Ovídio Baptista. Curso de Processo Civil Processo de Conhecimento. 5 ed. São Paulo: RT, 2001, v. I. p.500). Clássico exemplo ajuda na compreensão do tema. Imagine-se que determinado cidadão interponha ação de reconhecimento de paternidade em face do suposto pai, ao cabo, após a realização de exames competentes para tal, a sentença reconhece o vínculo biológico entre autor e réu, vindo o feito a transitar em julgado tornando imutável o conteúdo do decisium. Posteriormente, o autor, agora necessitado, vem a juízo postular alimentos junto a seu pai biológico. Em face da função positiva operada pela res iudicata, o conteúdo da sentença prolatada nos autos da ação de reconhecimento de paternidade - que acabou por reconhecer a paternidade do réu em relação ao autor - obrigatoriamente terá de ser considerada pelo juiz da ação de alimentos, restando o mesmo vinculado ao teor da decisão pretérita. Palmilhando o tema, Fredie Didier Jr., in verbis, chega à seguinte conclusão: “O efeito positivo da coisa julgada gera, portanto, a vinculação do julgador de outra causa ao quanto decidido na causa em que a coisa julgada foi produzida. O juiz fica adstrito ao que foi decidido em outro processo. São os casos em que a coisa julgada tem de ser levada em consideração pelos órgãos jurisdicionais”. Já a noção de função negativa, por sua vez, encontra-se intimamente ligada ao princípio do ne bis in idem e, segundo Sérgio Gilberto Porto (PORTO, Sérgio Gilberto. Coisa julgada civil. p. 66), consiste em verdadeiro impedimento de que se torne a suscitar no futuro questão já decidida. Didier Jr., tem afirmado que a função negativa da coisa julgada “impede que a questão principal já definitivamente decidida seja novamente julgada como questão principal em outro processo” (DIDIER JR. Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael. Curso de Direito Processual Civil. p. 567). A construção do instituto, indubitavelmente, teve por escopo maior pôr fim às incertezas decorrentes das relações jurídicas postas à apreciação do Poder Judiciário. Assim, realizado o acertamento jurisdicional por meio da dicção do direito via “sentença”, tocou à res iudicata fazer com que o conteúdo desta decisão reste imodificável. Neste trilho, adquirindo a “sentença” a qualidade em epígrafe, o ordenamento pátrio não mais permitirá haja nova apreciação da causa anteriormente vasculhada, dando-se tal impossibilidade, exatamente, por força da função negativa ora em apreço. O douto professor Celso Neves, em excelente obra titulada Contribuição ao estudo da coisa julgada civil, ensina que, por força da nomeada função negativa, “cabe a qualquer dos litigantes a exceptio rei iudicatae, para excluir nôvo debate sobre a relação jurídica decidida” (NEVES, Celso. Contribuição ao estudo da coisa julgada. p. 489). A função negativa, bem retratada pela expressão latina ora mencionada, é meio de defesa a ser alegado pelo demandado intimado a defender-se em feito idêntico ao que o julgado adquiriu a qualidade de indiscutível (SILVA, Ovídio Baptista. Curso de Processo Civil. p. 500). Ao magistrado incumbido da prestação jurisdicional em face da propositura da segunda demanda (idêntica a primeira), inevitavelmente, ex officio ou a requerimento, não restará outro trilho senão o de decretar a extinção do feito, por força da previsão contida no artigo 267, V, CPC. Como bem destaca Gastal, não trata a função negativa de vedar aos juízes prolação de decisão com conteúdo contraditório a anteriormente proferida, mas, na verdade, de efetiva impossibilidade-proibição de reapreciação do mérito, trata-se de ordem imperativa para que se abstenham de proferir nova decisão, “independente do resultado” que se possa alcançar, inobstante, não seja assim em ordenamentos diversos “(...) o Código de Processo Civil Italiano apenas prevê a possibilidade de revogação, instrumento de finalidade equiparável à da nossa ação rescisória, quando se estiver diante de sentença que haja julgado de modo diverso do anterior.” (GASTAL, Alexandre Fernandes. “A coisa julgada: sua Natureza e suas Funções”. In: OLIVEIRA, Carlos Alberto Álvaro de. Eficácia e coisa julgada. p. 197). “Assim, por função negativa da coisa julgada entende-se a virtude que ela tem de impedir outro julgamento a respeito de algo já definitivamente decidido em processo anterior. Trata-se de reflexo do princípio do ne bis in idem, calcado na ideia de consumação da ação. Tendo o Estado sido chamado a prestar jurisdição, com vistas à solução de uma determinada lide, e já havendo prestado, não é possível tolerar que outra vez a mesma lide seja por ele conhecida.” (GASTAL, Alexandre Fernandes. A coisa julgada: sua Natureza e suas Funções. In: OLIVEIRA, Carlos Alberto Álvaro de. Eficácia e coisa julgada. p. 196) Nesta senda, é possível afirmar que a dita função negativa, consiste na proibição de que qualquer órgão jurisdicional torne apreciar mérito de causa já albergada pelo manto da res iudicata. Por assim dizer, o conteúdo do julgado “cristalizado” pela coisa julgada adquire, em face do efeito negativo em comento, ares de “ação exercida, excluindo a possibilidade de sua reproposição” (THEODORO JR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. p. 487). A lide pertinente àquelas partes, causa petendi e petitium, julgado uma vez o seu mérito, alcançará acertamento definitivo, não mais restando qualquer dúvida ou pendência sobre ela.

[61]             “Art. 103. Nas ações coletivas de que trata este código, a sentença fará coisa julgada: (...) III - erga omnes, apenas no caso de procedência do pedido, para beneficiar todas as vítimas e seus sucessores, na hipótese do inciso III do parágrafo único do art. 81.

[62] En particular, el sistema brasileño es casi letra muerta, porque nada de lo que recomienda la intervención formal de las personas afectadas. Quedando inerte de los méritos particulares del caso en la acción, usted puede beneficiarse del contenido de la sentencia en caso de despido, no alcanzan. Intervenir en el proceso, se corre el riesgo de ser alcanzado por eventual rechazo de la solicitud. Uno se pregunta, entonces: ¿qué podría motivar a la jurisdicionado para intervenir en el proceso colectivo? Nada, absolutamente nada. Los forenses, inclusive, ha demostrado esto. Intervenciones individuales aparecen pequeñas..

[63]             “A adoção da coisa julgada extensiva a todos os interessados, secundum eventum litis, isto é, a extensão da coisa julgada aos terceiros interessados, ausentes na relação jurídico-processual, dependendo o resultado do litígio, constituiu-se uma das alternativas para o legislador. Dispunha, ainda, o legislador de possibilidade inspirada no sistema norte-americano da class action, na qual os interessados, conforme opção exercida – opt in- opt out – obtêm a extensão da coisa julgada independentemente do resultado da lide.” BERTOLO, Rozangela Motiska. A coisa julgada nas ações coletivas. In: OLIVEIRA, Carlos Alberto Álvaro de. Eficácia e coisa julgada. p.314.

[64] “os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva”. Art. 104 do CDC.

[65] A opção, contudo, vem sendo rotineiramente ignorada pela jurisprudência. Neste sentido: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SOBRESTAMENTO DE MATÉRIA ATÉ O JULGAMENTO PELO STF. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. 1. O Supremo Tribunal Federal, tendo reconhecido a existência de repercussão geral nas ações que têm por objeto a discussão sobre expurgos inflacionários decorrentes de planos econômicos, determinou a suspensão de todos os processos em trâmite, envolvendo a respectiva matéria. 2. Embora o exame do mérito da pretensão recursal esteja sobrestado, não há necessidade de suspensão do julgamento deste recurso especial, pois ausente requisito de admissibilidade, em decorrência da aplicação da Súmula n. 7/STJ. 3. A análise acerca da inexistência dos documentos indispensáveis à propositura da ação, exige incursão em aspectos fáticos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 51.136/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2012, DJe 21/05/2012).

[66] “(...) a versão original da Rule 23 nascera fadada ao insucesso. Sua redação “era confusa, complexa e demasiadamente abstrata, em total dessintonia com a realidade prática e a cultura jurídica americana”, principalmente no que se referia às hipóteses de cabimento das ações coletivas. A reforma tornara-se inevitável. O (a) tratamento processual diferenciado concedido às distintas espécies de class actions, somado à (b) ausência de normas que regulassem medidas procedimentais de proteção aos membros ausentes do grupo e (c) o desrespeito ao devido processo, contribuíram para a identificação, trinta anos mais tarde, da falência da proposta de Moore. A indignação com relação ao regramento aplicável a res iudicata (especialmente nas spurious class action) se revelaria uma das principais reivindicações reacionárias. A reestruturação da Rule 23 consolidara o que a prática americana do início da década de 60 já havia legitimado. A classificação proposta por James Wiliam Moore quedava frente à inovação do critério distintivo entre as diversas ações coletivas. Importara, agora, a existência de direitos comuns entre os membros de um mesmo grupo. O novel regramento tratara de expurgar a alegada situação de injustiça declarada pela doutrina, ejetando do ordenamento de uma vez por todas o sistema opt in, até então aplicável às spurious class actions. Doravante, sem exceções, sentenças prolatadas em ações coletivas, independentemente do resultado, passaram a vincular todos os membros do grupo em todos os tipos de ações coletivas. A reforma fortificou a confiança no sistema das ações coletivas aumentando consideravelmente sua importância social e política no contexto estadunidense. Com a reforma de 1966, portanto, a regra passou a ser a de que, ressalvados os que exercessem o direito de afastar-se do âmbito de irradiação dos efeitos da sentença, todos os demais interessados na causa se submeteriam ao manto da coisa julgada coletiva, independentemente do resultado da ação.” TORRES, Artur. Histórico. In: TESHEINER, José Maria (org) et all. Processos Coletivos. p. 46/47.

[67] ZAVASCKI, Teori Albino. Processo Coletivo. p. 181.

[68] “O legislador brasileiro optou claramente por solução diversa. Entre nós vigora o princípio da integral liberdade de adesão ou não ao Processo Coletivo, que em caso positivo, deve ser expressa e inequívoca por parte do titular do direito.” ZAVASCKI, Teori Albino. Processo Coletivo. p. 181.

[69] Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO. MAGISTÉRIO PÚBLICO. PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL 11.738/2008. PROPOSITURA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ABRANGÊNCIA DOS PEDIDOS. SUSPENSÃO DAS AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA. RACIONALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. - Diante do conteúdo dos pedidos da Ação Civil Pública, a qual abrange não apenas a implantação das diferenças, mas também os efeitos retroativos desde a instituição do piso salarial profissional nacional, de todo conveniente a sustação do andamento das ações individuais, propostas com a mesma finalidade, objetivando a racionalização da prestação jurisdicional. - Necessidade de privilegiar a apreciação do litígio de forma coletiva, para garantir a efetividade da Justiça, com tratamento isonômico e viabilizar a segurança jurídica. - Circunstância em que o aguardo do julgamento da ação que contém a mesma macro-lide não afeta as garantias individuais. - Recurso não provido. (Agravo de Instrumento Nº 70047927132, Terceira Câmara Especial Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leila Vani Pandolfo Machado, Julgado em 22/05/2012).

 

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